Eli García, portavoz del Instituto Armado.
Sobre todo, los agentes han detectado numerosas operaciones aéreas de drones por toda la provincia, que no cumplían, en su gran mayoría, la normativa establecida.
AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que puede interponer sanciones que van desde los 60 a los 200.000 euros.