De esta manera que han escuchado, Ramos responsabiliza de
lo que allí pase a los representantes autonómicos, a los que acusa de consentir
todo por subirse al tren de la regeneración que ofrece al minería.
Ecologistas cree que la situación es muy compleja, ya que
hay muchos trabajadores que se pueden ver afectados. Aún así, se desmarca de
posibles culpas si finalmente se paraliza la actividad.
Y de camino, manda a los trabajadores a protestar a la
puerta del consejero si la mina cierra sus puertas.
Ecologistas dará los 100 días de cortesía al nuevo
gobierno andaluz antes de cualquier exigencia.
A todo ésto, Atalaya ha asegurado que la sentencia no
pone en tela de juicio la gestión de la mina y que el problema “se va a
arreglar sin ninguna duda” en contacto con la administración.